Siendo presidente de la República Lázaro Cárdenas, y ante la discusión del presupuesto que requería la UNAM para su desarrollo, así como de los mecanismos para transferirle recursos y las condiciones para ello, se innovó una fórmula única en el mundo, en aquel momento: mediante el servicio social, la universidad, vía los universitarios, retribuiría al estado mexicano el apoyo que le brindaba para su sostenimiento. Una solución de ganar-ganar tanto para una institución que requería un gran impulso económico y una sociedad que demandaba la labor de estudiantes por graduarse en medicina, leyes, enfermería, ingeniería, agronomía, entre otras profesiones.
No cabe duda que esa inyección de talento a la sociedad fue una innovación. Hoy vale la pena recordar que las universidades no tendrían que estar justificando el presupuesto que necesitan ya que retribuyen cada centavo con creces vía servicio social entre otros mecanismos de transferencia, universidad-sociedad.
Sin embargo, las universidades viven limitaciones económicas cada vez más cruentas, cada año tienen que justificar los requerimientos económicos para atender con calidad a un número creciente de estudiantes, que además se les demanda inscribir.
Las universidades públicas tienen un mandato social a cumplir, de ellas se espera que formen profesionistas técnicamente capaces y con solidez ética como agentes de transformación; se espera que generen investigaciones, conocimiento, ciencia, interpretaciones que permitan entender las crisis y las potencialidades del mundo, y se espera, así mismo, que como tercera función tengan un fuerte vínculo con la sociedad de doble vía: Para conocer las necesidades específicas de la sociedad a la que se deben y que el resultado de su trabajo de investigación sea aplicado en la sociedad, se espera que encabecen procesos de transformación enfocados al bien común. El mandato social ubica a las universidades públicas también como mediadoras entre el gobierno y la sociedad.
Para decirlo con un lenguaje local, las universidades públicas son el mangle que da protección, y es el espacio académico para la formación de las crías de ciudadanos/as, profesionistas/as empresarios/as y funcionarios/as que éticamente continuarán con la formación de un país en democracia. Ante esta tarea no tendrían de ninguna manera que estar “justificando” su presupuesto, rendir cuentas sí, claro, pero la justificación es su propia existencia.
Un ejemplo: de la Universidad del Caribe, que recientemente ha cumplido 20 años, han egresado cinco mil jóvenes que hoy ya están transformando la forma de vivir, trabajar, y ver el mundo, desde la esfera laboral, ciudadana y familiar.
Otorgar los recursos suficientes para que las universidades cumplan su mandato social es mucho más que una inversión, -ya que la educación no es un servicio- es una estrategia de gran visión porque transforma a preparatorianos en ciudadanxs y profesionistxs, justo lo que requiere este país para transitar de la violencia y la pobreza, a un territorio de trabajo, esfuerzo y distribución justa, elementos indispensables para la paz.
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