¿Es correcto todo lo que es legal?

Voces Universitarias | Roberto Parra*

 En el centro de Belgrado, capital de Serbia, sigue actualmente en pie un edificio en ruinas: la antigua sede del Ministerio de Defensa de la ex Yugoslavia, bombardeada por la OTAN en 1999. Este lugar ha sido preservado tal como está durante más de un cuarto de siglo como un sitio de memoria nacional, como un testimonio físico de la violencia de la guerra y del sufrimiento humano. El edificio ha sido reconocido oficialmente como patrimonio histórico nacional, protegido por leyes que impiden su demolición o alteración. Sin embargo, en los últimos meses se ha intentado convertir este espacio con enorme valor simbólico en un proyecto inmobiliario (vinculado al apellido Trump) que incluiría un hotel y una torre de departamentos de lujo. El proyecto recibió la aprobación del gobierno en las últimas semanas, solamente para que después se descubriera que el permiso legal que autorizó la supresión del estatus patrimonial del edificio había sido falsificado, según han reconocido ya las propias autoridades del país.

Este caso, que ha generado indignación y protestas masivas en Serbia, puede servirnos como punto de partida para una reflexión más amplia sobre la ética pública, los derechos humanos y la función de la ley en una sociedad democrática. El ejemplo ilustra muy claramente los riesgos de asumir, como proponía Albert Z. Carr en su ensayo clásico “¿Es ético el engaño en los negocios?” (Harvard Business Review, enero de 1968), que lo correcto en el mundo empresarial debe entenderse simplemente como aquello que es legal.

Esta postura, que Carr defiende como una lógica propia del “juego de los negocios”, se convierte en una pendiente resbaladiza cuando se traslada al ámbito público.

En una democracia, las leyes y el actuar de las autoridades deben expresar y proteger los valores éticos compartidos por la sociedad. No es la legalidad la que define lo que es bueno o malo para una sociedad democrática, sino justo al revés: lo que una comunidad considera justo y digno es lo que debe orientar la creación y la interpretación de sus leyes. Si invertimos esta relación y comenzamos a creer que todo lo legal es automáticamente bueno, abrimos la puerta para que quienes tienen más poder económico influyan de manera indebida en el actuar de las autoridades y en el diseño de las leyes, comprando voluntades y modificando normas en su propio beneficio.

El caso serbio es una muestra muy actual de lo que sucede cuando se permite que el dinero interfiera en la preservación de la memoria colectiva y en el respeto a bienes públicos que pertenecen simbólicamente a toda una nación. Si un edificio que representa el dolor de una guerra reciente puede ser destruido mediante un permiso falso, con tal de facilitar una inversión privada, ¿qué impide que otros espacios protegidos, recursos naturales o derechos fundamentales sigan el mismo camino?

Por ello, una sociedad democrática debe tener estándares éticos claros, previos y superiores a la ley positiva, que le sirvan de guía para limitar tanto el poder del Estado como el de los actores económicos más poderosos. La ley no debe ser un instrumento disponible para quien pueda pagarla, sino una barrera firme que proteja el interés común, los derechos humanos y la dignidad de todas las personas.

*Profesor-Investigador del Depto. Desarrollo Humano, Universidad del Caribe